Dos policías patrullando de pie la peatonal Córdoba pueden transmitir tranquilidad. Para quienes trabajan, pasean o hacen compras en el centro de Rosario, esa imagen suele representar la presencia del Estado, la prevención del delito y la posibilidad de caminar con mayor seguridad. Podría ser, incluso, un símbolo de paz. 

Pero la misma escena adquiere otro significado cuando se la observa desde muchos barrios populares de la ciudad. Ahí la patrulla puede significar una detención por no llevar el DNI encima, el traslado a una comisaría ubicada a más de cincuenta cuadras de la casa, perder el presentismo en el trabajo o faltar a la escuela. 

La misma política pública produce experiencias profundamente distintas según el territorio y las personas sobre las que recae, una tensión que propone el informe ¿Paz para quién? Registro comunitario de prácticas policiales y de fuerzas de seguridad en barrios populares de Rosario (2024-2025), que fue elaborado por equipos de investigación de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) junto a la Multisectorial contra la Violencia Institucional de Rosario. 

El trabajo coordinado por la doctora en antropología e investigadora del Conicet, Eugenia Cozzi, recupera las experiencias de 146 personas a través de 11 encuentros realizados en los barrios Ludueña, Empalme Graneros, Stella Maris, Tablada, Las Flores y Villa Banana, con el acompañamiento de organizaciones comunitarias de cada territorio. Y lo que contaron no forma parte de las estadísticas oficiales.

Los datos también construyen una forma de mirar la seguridad

Rosario atraviesa uno de los períodos con menor cantidad de homicidios de las últimas décadas. Ese dato ocupa un lugar central en la comunicación oficial sobre seguridad. En diálogo con Cannabitácora, Cozzi insiste en que además del relato debemos ampliar la mirada e incorporar otros indicadores que también describen cómo se vive la ciudad. “La estadística es un dato producido con un objetivo. Hay una forma de clasificar hechos y una forma de interpretarlos”, dice y sostiene que toda estadística surge de decisiones institucionales: qué hechos se registran, cómo se clasifican y cuáles se eligen para evaluar una política pública. 

Cozzi diferencia las estadísticas de homicidios —que en Santa Fe cuentan con una metodología consolidada desde hace más de una década— de otros indicadores, como la cantidad de operativos policiales, allanamientos o personas detenidas. "Una mayor cantidad de personas presas no necesariamente te dice que hay más delito. Puede ser que haya una mayor persecución”, opina la doctora en antropología.

El informe coordinado por Cozzi nació justamente con esa inquietud: producir información sobre experiencias que rara vez aparecen en los registros oficiales. A través de los encuentros realizados en los barrios, el equipo reconstruyó cómo se viven las prácticas policiales en la cotidianeidad y cuáles son sus efectos sobre la vida de las personas. En ninguno de los casos fue calificada como amistosa.

Para hacer el informe trabajaron junto a organizaciones sociales que ya contaban con vínculos construidos en esos territorios. Cozzi explica que la investigación tomó como referencia la idea de los colectivos de confianza, desarrollada por el sociólogo brasileño Luiz Antonio Machado da Silva, para generar espacios donde las experiencias pudieran compartirse con libertad. Esto en contraposición con relevamientos superficiales, mediáticos, encuestas en Twitter (ahora X) o comentarios en portales de noticias.

Según consta en el informe de 66 páginas presentado el año pasado, además de registrar situaciones de violencia institucional, los encuentros con las personas en los barrios permitieron identificar los saberes que las propias comunidades desarrollan para transitar los controles policiales: estrategias de cuidado, formas de interacción con las fuerzas de seguridad y redes de acompañamiento que ayudan a reducir los riesgos de una detención. 

Estas prácticas dialogan con una categoría ampliamente utilizada en criminología para describir la selectividad policial —o, en palabras del criminólogo Robert Reiner, la propiedad policial—: determinados grupos sociales quedan expuestos de manera recurrente a controles, requisas e identificaciones, incorporando esos procedimientos como parte de su vida cotidiana.

CCozzi en la presentación dle informe en 2025.

Cuando el control cambia de territorio

Entre diciembre de 2023 y los primeros meses de 2024, Santa Fe a instancias del gobernador Maximiliano Pullaro (quién publicó en X la imagen portada de este artículo), modificó la legislación que regula las facultades policiales para realizar detenciones por averiguación de identidad, conocidas como artículo 10 bis. Para Cozzi, esas reformas otorgan respaldo legal a prácticas que ya existían y ampliaron su alcance.

En ese sentido, el informe de la UNR y la Multisectorial registraron un cambio, según Cozzi. Durante años, las detenciones recaían principalmente sobre jóvenes de barrios populares que circulaban por el centro de Rosario. A partir de 2024 comenzaron a producirse también dentro de los propios barrios. Personas que salían rumbo al trabajo, estudiantes camino a la escuela o vecinos realizando actividades cotidianas eran trasladados a comisarías alejadas de sus casas por no portar el documento de identidad.

Ese cambio también quedó reflejado en los registros del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal. Las notificaciones por detenciones vinculadas al artículo 10 bis pasaron de alrededor de diez por día a entre setenta y ochenta diarias, un incremento que dio lugar a la presentación de un hábeas corpus colectivo y un litigio que llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, que finalmente avaló la reforma. "Esto también coincide con un momento de mucha expulsión del mercado de trabajo, con más personas viviendo en la calle y con una mayor presencia de personas circulando en el espacio público”, dice Cozzi.

La ley de drogas en Argentina

Otro de los elementos de fuerte persistencia en el discurso oficial de seguridad en Santa Fe viene de la puesta en marcha de la ley de desfederalización del narcomenudeo, a la que la provincia adhirió en el inicio de la gestión de Pullaro. Día a día los medios reciben y amplifican noticias de derribos de puntos de venta (mal llamados “bunkers”) y proezas policiales gracias a la utilización de cámaras de videovigilancia y un sistema de inteligencia artificial. 

Sobre ese contexto Cozzi recupera la idea de "mercancía política", desarrollada por el sociólogo brasileño Michel Misse para ayudar a pensar la situación. "No hay una regulación legal del mercado. Hay una regulación policial que convierte a la ley en una mercancía para ser intercambiada”, dice.

La categoría de Misse describe cómo, en mercados criminalizados, el acceso diferencial a la aplicación de la ley puede convertirse en un recurso de negociación administrado por quienes ejercen el monopolio de la coerción estatal. Desde esa perspectiva, las políticas de personas y drogas también requieren observar las relaciones entre prohibicionismo, regulación policial y desigualdad social.

La investigadora de Conicet señala además que el consumo y la venta de sustancias forman parte de una realidad persistente y que las transformaciones de esos mercados invitan a abrir una discusión más amplia sobre el modelo prohibicionista y las respuestas que el Estado construye.

Completar (o interpelar) el relato oficial

El informe ¿Paz para quién? tensiona la permanente difusión de estadísticas y los anuncios positivos del gobierno provincial en materia de seguridad, amplificados por los canales oficiales y por buena parte del ecosistema mediático rosarino cada vez más monopolizado.

Frente a esa lógica de indicadores, titulares y circulación acelerada de información, la investigación de la UNR y la Multisectorial propone otro tiempo y otra metodología. Una donde no hay operadores periodísticos, pauta, usuarios fantasmas, trolls. Hay personas en los barrios que pudieron dialogar con tiempo, reflexión y cuidado sobre lo que les pasa.

Más que ofrecer respuestas cerradas, ¿Paz para quién? invita a ampliar una conversación necesaria sobre seguridad, violencia institucional y políticas de personas y drogas. Un informe que, lejos de simplificar, ayuda a volver a unir algunos de los hilos de una ciudad que desde hace mucho tiempo convive con profundas fragmentaciones aplacadas por el discurso oficial.

Nuestro contenido tiene fines exclusivamente periodísticos, informativos y educativos. No brindamos atención clínica ni hacemos diagnósticos. Si estás atravesando una situación de consumo o acompañando a alguien que la transita, te recomendamos acudir a profesionales capacitados y dispositivos de atención cercanos. +INFO