En América Latina, los delitos vinculados a drogas ilegalizadas explican una parte significativa de las causas por las que miles de personas terminan en prisión o atravesando procesos judiciales que impactan de forma directa en sus vidas, sus familias y sus comunidades.

En países como Brasil, alrededor de un tercio de la población carcelaria está detenida por delitos de drogas; en Argentina, distintas mediciones ubican esa proporción cerca del 10% del total. En paralelo, en poco más de una década al menos siete países de la región avanzaron en leyes que regulan el cannabis para usos medicinales, científicos o productivos.

En el cruce entre estos fenómenos —expansión punitiva y apertura regulatoria— se mueve Zara Snapp, politóloga y directora del Instituto Ría, organización dedicada a la investigación aplicada y la incidencia en políticas de drogas con enfoque de justicia social que reserva un lugar para quienes sufrieron persecución por delitos vinculados al uso de sustancias ilegalizadas.

En un momento histórico del debate global, la especialista dialogó con Cannabitácora y sostuvo: “La política de drogas es la única donde demostramos que no tenemos resultados y los gobiernos piden más dinero para hacer lo mismo. En cambio, si se diseñan políticas con reparación, se liberan recursos judiciales, se reducen daños sociales y se demuestra que existen alternativas más eficaces que castigar".

Justicia social como eje de la regulación

— En 2025 participaste como representante de América Latina en la Comisión de Estupefacientes. Desde esa experiencia internacional, cuando hablás de cambiar las políticas de drogas insistís en que no alcanza con modificar leyes. ¿Qué implica realmente ese cambio?

— No buscamos reformarlas solo por reformarlas, sino porque queremos que formen parte de una reparación histórica. Las políticas de drogas han afectado de manera desigual a ciertos grupos, y cualquier regulación debería reconocer eso. Desde nuestro trabajo definimos cuatro principios: reconocer a los grupos históricamente vulnerados, nivelar la balanza de la justicia, entender que el problema es estructural y no individual, y destinar recursos a reparar el daño causado.

— ¿Cómo se traduce ese enfoque en regulaciones concretas?

— No todos los mercados legales son iguales. Por ejemplo, limitar la integración vertical evita que una sola empresa produzca, transforme, distribuya y venda todo. Eso abre el juego a actores pequeños y evita la concentración económica. También se pueden establecer cuotas de licencias o priorizar a comunidades criminalizadas. 

No es premiar delitos: es reparar una criminalización previa que les quitó oportunidades laborales y sociales.

América Latina frente al costo del prohibicionismo

— ¿Por qué este enfoque es especialmente relevante para la región?

— Porque nuestros países han sentido los efectos más duros de la prohibición: violencia, corrupción, falta de oportunidades económicas y criminalización de personas usuarias. Si no avanzamos hacia regulaciones con justicia social, esos impactos van a continuar aunque cambien las leyes. Pero cuando se regulan ciertos mercados, también se liberan recursos del sistema judicial y se demuestra que hay políticas más efectivas que perseguir delitos menores.

— Si hay evidencia de daños, ¿por qué el modelo punitivo sigue vigente?

— Falta evaluación real y sobra inercia institucional. Es la única política pública donde sabemos que no tenemos resultados y aun así se pide más presupuesto para hacer lo mismo. Por eso el rol de la sociedad civil es central: producir datos, comunicar evidencia y mostrar que el problema no son las personas usuarias sino el modelo político.

— ¿Ves posible una transformación profunda?

— Soy optimista, pero creo que el cambio será generacional. Lo que vemos es un movimiento cada vez más fuerte, más informado y más articulado. En América Latina está creciendo una politización de las personas usuarias que dicen: mi consumo funciona con mi vida. Ese cambio cultural es lo que termina moviendo las políticas.

Escuchar la nota completa

Nuestro contenido tiene fines exclusivamente periodísticos, informativos y educativos. No brindamos atención clínica ni hacemos diagnósticos. Si estás atravesando una situación de consumo o acompañando a alguien que la transita, te recomendamos acudir a profesionales capacitados y dispositivos de atención cercanos. +INFO